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El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos suscribe una Declaración institucional en contra de la violencia de género y reitera su compromiso con las víctimas

La alcaldesa, Verónica Samperio, leyó el texto consensuado por los grupos municipales del PSOE, PRC, PP, AVIP e IU, así como por los tres concejales no adscritos -Elba Castanedo, Juan Carlos Martín y Montserrat Luezas-

El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos suscribió ayer, en su sesión ordinaria, correspondiente al mes de noviembre, una Declaración institucional en contra de la violencia de género y reiteró el compromiso de la Corporación municipal con las víctimas de esta lacra social.

La alcaldesa, Verónica Samperio, leyó el texto consensuado por los grupos municipales del PSOE, PRC, PP, AVIP e IU, así como por los tres concejales no adscritos -Elba Castanedo, Juan Carlos Martín y Montserrat Luezas- en el que pusieron de manifiesto no sólo que “la violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la democracia que queremos consolidar” sino que “eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación”.

La Declaración institucional, que recordaba la existencia tanto de un marco legislativo, a través de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, como mediante las leyes autonómicas y el pacto el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incidía en que, para la erradicación de este fenómeno social, “se precisan medidas políticas e institucionales desde los diferentes ámbitos, que aborden el problema de manera integral”.

Asimismo, hacía hincapié en que, dentro de esa respuesta integral las administraciones locales son “una pieza clave y juegan un papel fundamental” ya que, tal y como recordó Samperio, por su propia definición, como institución más próxima a la ciudadanía y a las necesidades sociales, “suponen el primer estamento en la prevención, así como en la atención, a través de información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.

“Es imprescindible dotar de nuevo a los ayuntamientos de sus competencias en materia de igualdad”, decía el texto de la Corporación municipal de Piélagos quien acordó, además,  instar al Gobierno de España al cumplimiento del compromiso económico acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para destinar, vía transferencia a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros durante los cinco próximos ejercicios y dar traslado de la declaración institucional al presidente del Gobierno de España, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la ministra de Hacienda, así como al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Otros acuerdos

El Pleno, al que no acudió el concejal de AVIP, José Antonio Castañera, rechazó con los votos en contra de PSOE, PRC y de los tres concejales no adscritos -Elba Castanedo, Juan Carlos Martín y Montserrat Luezas-, así como con la abstención del PP e IU, la moción presentada por el portavoz del grupo municipal de AVIP, Luis Sañudo, para la modificación de la ordenanza fiscal del IBI para implementar un sistema especial de pago a plazos, aumentando la posibilidad hasta en 9 y que la petición de dicho aplazamiento tenga validez por tiempo indefinido, mientras no exista manifestación en contra por parte del sujeto pasivo.

Elba Castanedo justificó su voto en contra en base a los informes existentes, al igual que Juan Carlos Martín, quien apostilló que “mientras no haya modificación por parte de los técnicos del Ayuntamiento sobre la moción que presenta el grupo AVIP no es posible votarla a favor”, aspecto que corroboró también Montserrat Luezas.

El portavoz de IU, Rubén Vicente Carrillo, aunque dijo que la moción de AVIP “es algo positivo para la población, fundamentalmente la población de más edad” se abstuvo en la votación de la misma, al igual que la portavoz del PP, Carmen Bedoya, quien se pronunció al igual que en el Pleno del mes anterior, donde ya se debatió esta cuestión y dijo que, para su formación, “nos parece que puede ser una buena medida para los vecinos de Piélagos”.

Desde el equipo de gobierno (PSOE-PRC), el portavoz del grupo municipal regionalista, Alfredo Rodríguez Otero, reiteró lo ya expuesto en Comisión informativa, donde se argumentó que, si los informes de Secretaría e Intervención eran en contra, votar a favor de la propuesta de AVIP “es ir contra la ley”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Roberto Ruiz Argumosa, recordó que “los informes los hacen los técnicos, no ningún grupo de trabajo de concejales, los técnicos del Ayuntamiento han tenido muy claro desde un principio la postura, que puede diferir de la de otros ayuntamientos, pero nuestros técnicos dicen lo que dicen”.

“Nos resistimos  a que haya, como así se nos ha manifestado, diferentes corrientes doctrinales acerca de este tema y que cojamos la que no beneficia en este caso al vecino de este Ayuntamiento”, apostilló Luis Sañudo.

Los concejales no adscritos Elba Castanedo y Juan Carlos Martín, junto con el PP y el portavoz de AVIP, suscribieron con sus votos la moción defendida por esta última formación para que el Ayuntamiento de Piélagos eleve al Gobierno de España la petición de cese en su intención de subir la fiscalidad del diésel, que contó con el voto en contra de IU y la abstención de PSOE y PRC.

“Lo que queremos es que el Ayuntamiento de Piélagos eleve al Gobierno de España la petición de que cese en su intención de subir la fiscalidad al diésel y que se busquen alternativas como las de trabajar en programas de ayudas para la sustitución de los vehículos diésel más antiguos, que son los más contaminantes”, resumió Luis Sañudo.

Elba Castanedo mostró su conformidad con que se elimine ese impuesto, al igual que Juan Carlos Martín, quien defendió que “todas las cargas que van al contribuyente sean lo menos gravosas posibles”. Por el contrario, Rubén Vicente Carrillo dijo negarse a sumarse a lo que definió como una “escalada nuevamente de populismo impositivo”.

La portavoz popular Carmen Bedoya apuntó que “la subida que propone el Gobierno de Pedro Sánchez es el 31 por ciento para este tipo de vehículos, nos dicen que van a subir los impuestos a los ricos, cuando, en realidad, los que vamos a sufrir, somos los de siempre, todos los ciudadanos”.

A este respecto, Roberto Ruiz Argumosa explicó al edil proponente y la portavoz popular que “la subida de la que tanto se está hablando está establecida en el Presupuesto General del Estado de este año 2018, que en su artículo 82, referente a los hidrocarburos, dice con efectos desde el 1 de enero de 2019 y vigencia indefinida se introducen las modificaciones de los impuestos especiales”.

“Esto en cristiano significa que la parte del impuesto sobre hidrocarburos, el diésel en este caso, que se atribuía a las comunidades autónomas, se anula  y ese margen que en Cantabria no se aplicaba lo aplica directamente el Estado”, matizó el portavoz socialista, quien recalcó que esa subida está establecida en el BOE y aprobada en las Cortes Generales con los votos del PP, de CIUDADANOS, el PNV, Coalición Canaria, etc.

El Pleno apoyó por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal del PP en apoyo a la convocatoria de ayudas a entidades locales para la supresión de barreras y obstáculos físicos o sensoriales, que garanticen la accesibilidad.

Por otro lado, PSOE, PRC, PP y los tres concejales no adscritos -Elba Castanedo, Juan Carlos Martín y Montserrat Luezas- rechazaron la urgencia de moción presentada fuera del orden el día por el Grupo municipal de AVIP en defensa y reconocimiento a la monarquía española, que contó con la abstención de IU, mientras que sólo el edil proponente votó a favor del carácter urgente de la misma.

Tras el rechazo del carácter urgente de la citada moción, el portavoz de IU retiró otra que, también con ese mismo carácter de urgencia, pretendía debatir sobre la República.

Tampoco prosperó debatir una tercera moción, planteada por el grupo municipal de IU para mostrar el rechazo hacia la decisión del Tribunal Supremo de anular la doctrina jurisprudencial sobre el impuesto de las hipotecas, cuya urgencia fue rechazada por PSOE, PRC, PP y los tres ediles no adscritos, mientras que el portavoz de AVIP se abstuvo.