El equipo de gobierno solicita a la Corporación municipal altura de miras y cautela sobre el Alto del Cuco, un asunto en el que el Ayuntamiento de Piélagos se está jugando su viabilidad y su futuro

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Piélagos (PSOE-PRC) solicitó en la noche de ayer a la Corporación municipal altura de miras y tratar con cautela un asunto, el Alto del Cuco, en el que el Consistorio se está jugando su viabilidad, pero también su futuro.

Así lo afirmaron tanto el concejal de Urbanismo, Roberto Ruiz Argumosa, como la alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, en el transcurso del Pleno ordinario del mes de febrero, en el que dieron cuenta de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que ha anulado la liquidación de los 376.542 euros del primer pago de la demolición de las viviendas ilegales del Alto del Cuco que el Ayuntamiento de Piélagos había reclamado a la empresa Martinsa Fadesa, cuyo liquidador concursal recurrió posteriormente. 

“Poco ha ayudado el hecho de que, ante un recurso de reposición que hizo la empresa, cuando se le mandó derribar, exista un decreto de alcaldía de 2013, siendo entonces alcalde Enrique Torre y el grupo popular el equipo de gobierno, en el que el propio regidor reconoce expresamente que el que tiene que derribar a su costa es el Ayuntamiento de Piélagos”, ha explicado el edil, quien ha reconocido que, “con estos argumentos, la defensa de esa repercusión del coste del derribo en la empresa es un poco complicada”.

Ruiz Argumosa hizo hincapié en que el Alto del Cuco es un proceso que sigue judicializado porque continúa en marcha una reclamación por parte de Martinsa Fadesa al Consistorio por un importe de 69 millones de euros, una cifra “absolutamente inasumible por parte de este municipio”.

El responsable de Urbanismo recordó que el Ayuntamiento de Piélagos está condenado, primero, por el TSJC y, luego, por el Tribunal Supremo a la demolición de las viviendas ilegales del Alto del Cuco y a la regeneración ambiental de dicho entorno, lo que supone un coste de 3,7 millones de euros, que fue adelantado por el Gobierno de Cantabria, gracias al convenio firmado esta legislatura, y que se está devolviendo anualmente, durante un periodo de 10 años.

Durante su intervención, el edil aseveró que la reclamación de Martinsa Fadesa al Consistorio, no es de ahora, sino que se efectuó en el año 2012 y durmió en un cajón, sin darle ningún tipo de solución hasta que este equipo de gobierno “le ha metido mano”. “Esa dejación, en cuanto a la resolución de ese expediente, tampoco ha favorecido mucho la revisión de la sentencia que, inicialmente, nos fue favorable, en cuanto a que el Ayuntamiento repercuta en la empresa los costes del derribo”, apostilló.

“Estamos pendientes de la sentencia que es la que va a entrar en el fondo del asunto y la que va a determinar el futuro económico del Ayuntamiento y su viabilidad”, puntualizó el edil, quien hizo un llamamiento a la responsabilidad ya que, según dijo, hay asuntos en los que nos jugamos ya no nuestro futuro como concejales sino el del Ayuntamiento de Piélagos, como institución.

“69 millones de euros o lo que sea en un Consistorio que tiene un presupuesto anual que no llega a 20 millones, supone una intervención inmediata por parte del Estado y la supresión de todos los servicios que no sean considerados básicos y/o elementales”, subrayó.

El responsable de Urbanismo aclaró al portavoz del grupo municipal de IU que el equipo de gobierno (PSOE-PRC) no hace una defensa de la gestión anterior sino que, por el contrario, acordó en Junta de Gobierno achacar toda la responsabilidad a la empresa, en base a los informes de los técnicos municipales, pero también del informe favorable del Consejo de Estado, al ser está “la única defensa que puede salvar al Ayuntamiento en esta situación”.

“La responsabilidad que pido a IU y al resto de los grupos en el sentido de tratar este asunto con la cautela y prudencia necesaria para no perjudicar los intereses municipales, en el caso del PP, no sé si debiera ser doble o triple porque les guste o no, todos los incidentes relacionados con el tema del Cuco han sido bajo mandato del PP y debería tener también una absoluta lealtad a la institución y a sus propios compañeros de partido y de grupo, algunos de los cuáles formaban parte de la Corporación que votó a favor del Alto del Cuco”, relató el edil,

En la misma línea, detalló que todos los procesos judiciales relativos tanto al Cuco como a las sentencias de derribo, que han tenido lugar durante los sucesivos gobiernos del PP (5 sentencias de los juzgados de lo contencioso, 7 del TSJC, 7 del Tribunal Supremo y 2 del Tribunal Constitucional) han tenido unos costes de abogados, procuradores, informes periciales, costas judiciales, etc., que han ascendido a la cantidad de 847.072 euros, casi 141 millones de pesetas.

Por su parte, la alcaldesa  de Piélagos incidió en que el Cuco es un tema de “máximo interés” por lo que nos puede suceder a todos, al haber sobre la mesa una reclamación patrimonial de 69 millones de euros.

“El Alto del Cuco es un tema que viene coleando hace muchos años, sobre el que ya existía una sentencia firme, que condenaba al Ayuntamiento de Piélagos”, recalcó la regidora municipal, quien añadió que “a corto plazo, para lograr un puñado de votos, seguramente este equipo de gobierno hubiera tenido más fácil tomar otras decisiones y mucha gente nos daría la razón, pero aquí lo que nos estamos jugando es la viabilidad del Ayuntamiento de Piélagos”.

Por ello, concluyó, “hasta que un juez diga lo contrario y se agoten todas las vías de recurso, si es así, la única posibilidad que nos queda y, además, es la que tenemos que defender, es la inocencia y la indefensión del Ayuntamiento de Piélagos, ante Martinsa Fadesa”.

Orden del día

El Pleno aprobó, a propuesta del equipo de gobierno (PSOE-PRC) la resolución del recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno, de fecha de 13 de diciembre, correspondiente al punto 9 del orden del día relativo a una propuesta del Grupo municipal de AVIP para que en el PGOU de Piélagos se incluya la calle Llosacampo de Renedo, como dirección única descendente desde La Picota hasta la CA-234.

PSOE, PRC y los tres concejales no adscritos -Elba Castanedo, Juan Carlos Martín y Montserrat Luezas- votaron a favor y los portavoces de AVIP e IU, así como seis ediles populares lo hicieron en contra, mientras que los concejales del PP Eva Arranz y Celestino Cobo se abstuvieron.

Elba Castanedo justificó su voto en contra en base al informe jurídico que aclara, según dijo, que “no es la forma correcta” y que se podría incurrir en un delito de forma, mientras que, para el portavoz del grupo municipal del PRC, Alfredo Rodríguez Otero, la propuesta de AVIP supondría “abrir un melón muy peligroso”.

El portavoz del grupo municipal de IU, Rubén Vicente Carrillo, defendió que “aprobemos o rechacemos este recurso de reposición, el trámite va a seguir por su mismo camino”, al tiempo que argumentó que dicho recurso de reposición del equipo de gobierno (PSOE-PRC) se presenta, a su juicio, por “la batalla por el relato” sobre quién defiende más a los vecinos.

En los mismos términos se expresó el portavoz del grupo municipal de AVIP, Luis Sañudo, quien se preguntó por qué se lleva ahora un recurso de reposición “mintiendo a los vecinos”, al tiempo que pidió al equipo de gobierno (PSOE-PRC) que “deje de marear la perdiz” y tachó su recurso de “esperpento”.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Carmen Bedoya, pidió al equipo de gobierno (PSOE-PRC) que “cumplan con el mandato político que salió de ese acuerdo plenario como mejor entiendan los técnicos municipales, sin perjudicar a ningún negocio ni a ningún vecino”.

El concejal de Urbanismo y portavoz del grupo municipal del PSOE, Roberto Ruiz Argumosa, coincidió con el portavoz de AVIP en que “los vecinos se merecen un respeto y la verdad”.

Por ello, aclaró que “el Pleno no puede aprobar lo que le dé la gana sino lo que es de su competencia y, siempre y cuando, lo avalen los informes jurídicos, a no ser que lo hagamos sin hacer caso a los citados informes y, entonces, allá cada cual”.

En la misma línea, aseguró que este tema estaba encarrilado, de acuerdo con lo hablado en 2015 con los afectados y así va a seguir siendo, al tiempo que hizo hincapié en que “lo que no podemos es meternos por un atajo que la ley no contempla, vía moción aprobar una modificación, no del ancho de una calle, sino de la categoría de la calle, es decir, una modificación puntual del Plan General de ordenación urbana, que precisa de informes previos”.     

La Corporación municipal dio luz verde, por unanimidad, a la moción del grupo municipal de AVIP consistente en la modificación del artículo 23 de la Ordenanza Genera fiscal del Ayuntamiento de Piélagos,  relativo al pago fraccionado del IBI y a la moción de la concejala no adscrita para poner en conocimiento de la Demarcación de Costas, el Gobierno de Cantabria y las administraciones competentes la necesidad de señalizar los sumideros naturales de Costa Quebrada.

También por unanimidad apoyó la moción de urgencia presentada por el grupo municipal de IU para instar a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia de Atención Primaria a que solucione el problema que ocasiona en el Centro de Salud de Bezana al que acuden los vecinos de la zona norte de Piélagos la falta de un pediatra, tras su jubilación.

Otros acuerdos

El Pleno suscribió una declaración institucional con motivo de la celebración del próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.

Por otro lado, aprobó con los votos del PP, las concejalas no adscritas Elba Castanedo y Montserrat Luezas y el portavoz de AVIP, la moción registrada por este último grupo municipal para instar al Gobierno de España a que implemente partidas nominativas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que vayan destinadas al desarrollo del futuro Centro Logístico del Llano de La Pasiega. La propuesta contó con la abstención de PSOE, PRC, IU y el edil no adscrito Juan Carlos Martín.

PP, el portavoz de AVIP y el portavoz de IU respaldaron son sus votos la moción presentada por éste último por un retorno digno, que contó con el voto en contra de PSOE, PRC y el concejal no adscrito Juan Carlos Martín, mientras que las ediles no adscritas Elba Castanedo y Montserrat Luezas se abstuvieron.

PSOE, PRC, PP y los tres concejales no adscritos -Elba Castanedo, Juan Carlos Martín y Montserrat Luezas- rechazaron la moción del grupo municipal de IU relativa a la tramitación inmediata de un reglamento regulador de los medios de comunicación municipales, que sólo obtuvo el voto favorable del edil proponente y del portavoz de AVIP.

Asimismo, el grupo municipal de IU retiró la moción que había presentado sobre la defensa de la autonomía de los municipios en lo relativo a la organización de los RRHH necesarios para llevar a cabo servicios públicos básicos.