Comienza la demolición de 8 nuevas viviendas con sentencia firme de derribo en las urbanizaciones Cerrias I y Cerrias II de Liencres

El Ayuntamiento de Piélagos, en colaboración con el Gobierno de Cantabria, ha puesto en marcha este martes los trabajos de demolición de 8 nuevas viviendas con sentencia firme de derribo en el sector conocido como la L01 dentro del planeamiento urbanístico, en las urbanizaciones Cerrias I y Cerrias II de Liencres.

El alcalde del municipio, Carlos Caramés, y el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, han asistido al inicio de las obras que dan continuidad a las ya ejecutadas en 2024, cuando se derribaron las primera 5 viviendas de Cerrias II (Calas de Liencres), en cumplimiento de una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo.

“Que después de casi 30 años estemos aquí es socialmente lo más parecido a un fracaso porque entendemos que todas estas viviendas podrían haber sido perfectamente viables, ya que hay otras que estando más cerca de la costa que estas que hoy se derriban y construyéndose en el mismo periodo temporal son legales”, ha subrayado Caramés.

“Les tocó porque hubo un grupo ecologista, un ejecutante activo, que denunció estas viviendas, al tiempo se construyeron otras bien cerca, que también tuvieron denuncias y luego, casualmente, se retiraron”, ha lamentado Caramés, quien ha reconocido que el Consistorio no lo entiende y los vecinos tampoco.

En la misma línea ha recordado que en 2024 un Juzgado paralizó el derribo de las viviendas de la Urbanización Entrelindes, también en Liencres, tras la solicitud de inejecución del Ayuntamiento dejándolas fuera de ordenación.

“Estarían salvadas de forma definitiva si no fuera porque la Asociación ecologista ARCA lo recurrió y la Sala le dio la razón volviendo a situar la espada de Damocles sobre familias inocentes que, después de más de 25 años de calvario, por fin recibían una noticia esperanzadora”, ha reprochado.  

Aunque “el ejecutante activo no para”, esa nueva sentencia está recurrida por una vía ante el Tribunal Supremo y, por otra, en el Tribunal Constitucional que lo ha admitido también a trámite.

En cuanto a la demolición de las 8 nuevas viviendas de las urbanizaciones Cerrias I y Cerrias II cuyos propietarios han entregado las llaves al Gobierno de Cantabria tras recibir la correspondiente indemnización, Caramés ha recalcado que se están derribando las viviendas, pero no la urbanización por lo que queda claro que el suelo es urbano a futuro.

De hecho, ha advertido que lo mismo pasa en el centro urbano de Liencres, al lado de la Plaza de Adolfo Suárez, la conocida popularmente como Urbanización L05, donde hay una sentencia de derribo de otras viviendas.

“Sería una locura tirar chalets para luego poder construir pisos”, ha apostillado el alcalde quien ha tachado de “barbaridad” esta posibilidad.  

Más de 7,5 millones de euros en indemnizaciones

Por su parte, Media ha anunciado que el Gobierno de Cantabria ha pagado esta legislatura más de 7,5 millones de euros en indemnizaciones a los afectados por las sentencias de derribo: 2,6 millones en Cerrias I y 4,8 millones en Cerrias II.

“En menos de tres años hemos abonado más del 58 por ciento de todo el dinero puesto a disposición de los afectados por estas cuestiones, lo que significa que el Gobierno es conocedor de este grave problema”, ha dicho.

Respecto al expediente de responsabilidad compartida entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos, relativo a la Urbanización Cerrias I, el consejero ha explicado que afecta a 17 viviendas, de las cuales 11 podrían legalizarse, a través de la aprobación del nuevo PGOU del municipio, mientras que los otros 6 propietarios ya han firmado un convenio que no contempla vivienda de sustitución y de ahí, ha aclarado, que se haya procedido a su derribo.

Asimismo, ha puntualizado que, en los últimos años, se han tasado todas las viviendas y se han indemnizado a 5 propietarios, quedando pendiente el pago a otro más, que ha solicitado la suspensión del proceso.

El titular de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha apuntado que el de la Urbanización Cerrias II también es un expediente de responsabilidad compartida -Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Piélagos-, que afecta, en este caso, a 22 viviendas en dos parcelas.

De ellas, ha dicho, 11 se podrían salvar con el nuevo PGOU, mientras que a las 11 restantes, ubicadas en servidumbre de protección se les ofreció la firma de un convenio. Hasta el momento se han suscrito 9 para cobrar una indemnización económica porque no son susceptibles de legalización.

Media ha añadido que de las 11 viviendas para demoler, 2 no tienen convenio que es un derecho de los afectados y otra más está pendiente de pago porque su propietario no la pone a disposición del Gobierno y ha solicitado paralización proceso.

Dos años y medio de trabajo en el nuevo PGOU

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha explicado que el resto de viviendas afectadas por las sentencias derribo en Piélagos, la L-05 y Entrelindes, están   pendientes de la tramitación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el que Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Piélagos llevan dos años y medio trabajando.

“Lo rescatamos del cajón en el que lo había metido la alcaldesa y el anterior gobierno y estamos dispuestos a que esté aprobado cuanto antes”, ha avanzado el consejero.

De hecho, ha incidido en que tras la aprobación provisional por parte del Consistorio, se están desarrollando trabajos entre la Dirección general de Urbanismo y Ordenación del Territorio  y el propio Ayuntamiento con el que se han celebrado varias reuniones para avanzar en la presentación del Plan definitivo que permitiría legalizar 63 de las viviendas que hoy tienen sentencia firme de derribo.

“No estamos parados y no estamos dispuestos a  parar, sabemos quiénes son los culpables de toda esta situación y quiénes son las víctimas”, ha enfatizado Media, quien ha asegurado que “vamos a tratar de dar una solución a cada afectado, de acuerdo con lo que hemos defendido siempre: primero regularizar todas las viviendas que se puedan regularizar y, si no es posible, dar la opción de una  vivienda de sustitución o, en último caso, la indemnización”.